sábado, 14 de marzo de 2015

La Ley de Enjuiciamiento Criminal y la punta del iceberg



La Ley de Enjuiciamiento Criminal llegó, y llenó los titulares de los medios de comunicación (que no de información) españoles; algunos han seguido el juego del Gobierno a conciencia, otros se han dejado manipular por el mismo, y han manipulado así mismo a sus lectores.

El titular es, como siempre, la punta de un iceberg mucho más grande; es la guinda puesta en el pastel, que solo sirve para decorar y para fijar la vista en ella y que no se vea que el pastel está hecho de basura: el cambio de la palabra “imputado” y la división en “investigado” y “encausado” en función de en qué punto del proceso se encuentre.

Como digo, ese detalle es una soplapollez que solo sirve para llenar titulares y hacer que pase desapercibida la genial medida de limitación en tiempo de los procesos: los procesos pasan a tener un límite máximo que solo podrá ser ampliado con la connivencia de, entre otros, el fiscal, que en muchos casos sabemos que puede no ser imparcial.

La excusa para la limitación es “agilizar los procesos” y evitar que se hagan eternos. Pero el caso es… ¿poner un límite temporal al trabajo de los jueces hace que trabajen de forma más ágil?

Cuando a cualquier persona se le encarga un trabajo, necesita un tiempo específico para ello. ¿Cómo podemos agilizar el proceso?: únicamente con más recursos. ¿Qué sucede cuando tenemos los mismos recursos pero nos limitan el tiempo? Que el resultado, probablemente, será una chapuza.

La corrupción, que es el delito para el que se enfoca este cambio (confirmado por el propio Ministro, que no le gusta que se eternice el proceso de la Gurtel) consiste en una enorme caja llena de varias capas de criminales. Abrir esa caja y limitar la responsabilidad de cada uno de esos criminales es un trabajo complicado que realiza cada día el poder judicial. Cuanto más abajo lleguemos en la caja, mayor será el cargo que ocupe el corrupto.

Al limitar el tiempo, eso significa que los “encausados” pueden poner trabas legales para alargar la causa, y conseguir así llegar al límite temporal de manera que el juez deba cerrar el caso, o intentar ampliar el tiempo del mismo, cosa que solo podrá hacer con la opinión favorable del fiscal, que si el caso afecta a altas esferas de la política, puede perfectamente no ser imparcial (como han demostrado los fiscales del caso “Noos” cuando se ha visto implicado un miembro de la Casa Real).

Por poner un ejemplo: imaginemos que para levantar un edifico de 20 plantas se necesita un mínimo 3 meses. Pero el jefe quiere “agilizar” el proceso y, con los mismos trabajadores y los mismos materiales, tenemos que tener terminado el edifico en 1 mes, ¿alguien se fiaría de la fiabilidad de ese edificio?

La justicia, y cualquier otro ámbito, se agilizan con recursos, no con plazos.